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dom. Feb 17th, 2019

Falsos autónomos

Es obligado empezar corrigiendo una “cultura“ o forma de expresión muy española y que, a su vez,  se utiliza erróneamente por los medios de comunicación, que tendrían que ser los primeros en llamar a las cosas por su nombre.

El “Estado“ no paga, ni subvenciona, ni indemniza, ni paga funcionarios, ni paga el subsidio de paro, ni el del popularmente llamado “per”  y nadie vive  “a costa del Estado“, ni un larguísimo etc.

Y eso es así sencillamente porque  ese “ente” llamado Estado no tiene dinero, porque esa máquina burocrática que es el Estado solo se encarga de administrar, a través otra máquina burocrática llamada Hacienda Pública, las llamadas contribuciones dinerarias  que entregan los españoles para la  creación y sostenimiento de los servicios públicos de España.

Y esto, que parece una verdad de “perogrullo” porque parece que todo el mundo ya lo sabe y lo conoce, no parece tan clara en el lenguaje  y actuaciones de gran parte de la ciudadanía que se refiere, con craso error, “al cargo al Estado”, lo que es, en realidad, “con cargo a los contribuyentes“.

Es decir, que son los contribuyentes los que pagan a los funcionarios, pagan subvenciones, pagan el paro, el per, las indemnizaciones y un larguísimo etcétera, además de los intereses de los préstamos que los gobiernos de España solicita para pagar  esos servicios públicos porque ese Estado gasta más del dinero del que recauda de los contribuyentes y, evidentemente, son los contribuyentes los que tienen que pagar los intereses de esos préstamos que el Estado tiene que pedir, para  poder cubrir el desfase económico que se produce cuando los gobiernos se gastan más de lo que recaudan. Y los intereses de ese desfase económico lo pagan los contribuyentes  con los impuestos que el Estado les impone.

Es decir, que cuando los gobiernos causan estos desfases económicos entre los ingresos y los gastos,  son los contribuyentes los que pagan con sus impuestos la mala administración de los gobiernos.

En su día, dos ministras socialistas dijeron impunemente que “el dinero público no es de nadie”  y eso no es verdad, porque el dinero público pertenece a los contribuyentes que se lo entregan a los gobiernos de turno  para que, a través de esa maquinaria burocrática que es el Estado,  los administre en la creación de los servicios públicos que la ciudadanía necesita.

Y en este contexto, es sabido que gran parte de españoles viven en la trampa y la ocultación, para con la “caja pública”, con el objetivo de no pagar los impuestos que les corresponden y “engañar al Estado”, cuando a quien engañan es a los demás contribuyentes.

Y en esta trampa se encuentran entre otros muchísimos, todos los que trabajan en la llamada “economía sumergida” y esas empresas, que por ahorrarse el pago de seguros sociales y no tener personal laboral fijo, obligan abusivamente a los que son realmente sus empleados, a trabajar para esas empresas como falsos autónomos, porque les someten  a los horarios y obligaciones propias y correspondientes del empleado en plantilla.

Evidentemente el trabajador o empleado, al no tener otra alternativa de empleo, se pliega al abuso y a las  exigencias fraudulentas de esos empresarios y trabajan como “autónomos”, aunque en realidad son empleados en unas condiciones propias del empleado.

 

Este fraude empresarial del falso autónomo “no es nuevo, lo que ocurre es que los gobiernos no son conscientes de él o prefieren no verlo, y en esa tesitura la Inspección de Trabajo no lo está investigando o lo investiga muy mal, porque el llamado “falso autónomo“ ha ido en aumento y es ya habitual en muchas empresas y el trabajador “autónomo“ no lo puede denunciar porque entonces pierde el único trabajo que tiene.

Esto que igualmente pudiera parecer de “perogrullo”, no lo debe ser tanto para los sucesivos gobiernos, porque estos gobiernos se pierden en diatribas que les interesan más por afectarles particularmente y políticamente y no prestan atención a las necesidades de la ciudadanía.

En este capítulo del “falso autónomo”, como en otros muchos, esa maquinaria llamada Estado, no defiende los intereses de los trabajadores y estos trabajadores solo dependen de las conductas, políticas y culturas de cada  empresa, para que sus derechos se vean atendidos, y esto es inadmisible.

Muchas empresas quieren evitarse el personal en plantilla y el pago de  sus seguros sociales y en esa “política fraudulenta” ejercen su actividad empresarial, pero que es fraudulenta para los demás contribuyentes, y como es sabido que la solidaridad  no es la característica más común de los españoles, contra ese ánimo defraudatorio tiene que actuar ese “Estado”.

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